JUNJIGATE: Responde Estela Ortiz

SANTIAGO, 23 de julio de 2010.-
La ex vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) Estela Ortiz Rojas expreso hoy que “malamente podría existir ilegalidad en algunos actos administrativos o irregularidades ya que fue el propio contralor de la República Ramiro Mendoza quien efectuó el control de legalidad correspondiente. Y, sobra decir que su forma de accionar no es poco rigurosa o deficiente.”


Ortiz respondió así a la acusación del diputado de la UD Gustavo Hasbún, quien aludió a la modificación de más de 10 mil contratos realizados en diciembre pasado al personal de contrata de la Junji. Hasbún agregó que Ortiz superó ampliamente el porcentaje de contratos que pueden ser traspasados a contrata. Ortiz agrego que “el diputado parte desde un supuesto absolutamente falso en cuanto hace afirmaciones injuriosas que, además, denotan ignorancia.”


La Ley de Presupuesto del año 2010 exime a la Junji de regirse por el porcentaje señalado en el estatuto administrativo, artículo 10, en cuanto a la contratación de personal a contrata.


Del total de funcionarios JUNJI el 87% se desempeña en jardines infantiles, lo cual significa un aumento explosivo, producto del gran numero de salas cunas que se construyeron para asegurar una atención de calidad. Además, el 11% se encuentra en direcciones regionales, donde su labor principal es la supervisión, fiscalización y asesoría; y sólo el 2% en la dirección nacional de la Junji, DIRNAC.


En cuanto al déficit presupuestario de remuneraciones, el Ministerio de Hacienda no entregó a JUNJI los recursos necesarios en la Ley de Presupuesto 2010 para pagar la actual dotación de funcionarios. “No es un problema de gestión de Junji”, aclaró la ex vicepresidenta ejecutiva de la entidad.


El Ministerio de Hacienda se dio cuenta de este error y generó el Decreto N°282, el cual incluía los recursos faltantes y fue, posteriormente, retirado y anulado por el actual gobierno. En igual fecha quedaban más de 300 cargos nuevos sin contratar en jardines infantiles, autorizados por Hacienda, a fin disminuir el déficit.


Durante el año 2009 la Contraloría realizó una auditoria integral a Junji durante varios meses, en todas las direcciones regionales en todas las materias. El resultado fue que no se encontró ninguna situación anómala.

Estela Ortiz concluyó que estas acusaciones obedecen a “un plan del gobierno para desacreditar las políticas sociales de la Presidenta Bachelet, las cuales, en este caso consistían en entregar igualdad de oportunidades a los niños más pobres de nuestro país.”


Nota: Negritas son de CRVS.