El asesor mula y el affaire CLARIN

A la joven y inexperenciada fiscal Alejandra Godoy, bajo la potestad de que anda investigando la corrupción en el Registro Civil no se le ocurrió nada mejor que mandar bien tarde por la noche, unos cuantos 'tiras' (Policia de Investigaciónes) para que allanaran las oficinas de una radio.

El dramón fue grande. Al llegar a la Radio Universidad de Chile, los tiras se encontraron con el guardia menos amable que ostenta la institución. Y fiel a su costumbre, el guardia le explicó que nada podía hacer hasta que llegara el director a la radio. Tenían que esperar. Ante la 'negativa', los tiras olieron "rebeldía a la justicia" por lo que llamaron a una patrulla de Carabineros de Chile que, de a poco, se fueron sumando a los personajes en el lobby de la estación.

Cuando llega el director, un tal Juan Pablo Cardenas (ex dueño de ANALISIS y a quien le quemaron la casa dos veces durante la dictadura por serlo) acompañado por su abogado, se pregunta qué exactamente buscan en la radio y si acaso, tienen una "orden" de la fiscal.

"No la tenemos. Solo es una orden verbal" replicó el jefe de los policias. Gran subida de cejas…

Solo en dictadura o democracias a medias, se puede allanar un recinto con "órdenes verbales". Cuestión que cualquier que ha visto un pelicula, sabe.

Igual, lo que sucedió en la Radio Universidad de Chile, ilustra las herramientas que se pueden usar en la guerra en contra de la prensa independiente en Chile.

Hace algunos meses, se filtró que un tal Enrique Correa (lobbista de excelencia en diversos temas y el más caro de la industria criolla) era el personaje encargado de manejar "las comunicaciones" en el tema del Caso Clarín. Contratado por el gobierno, Correa estableció un plan estratégico que vendría a amonizar la ya anunciada derrota de Chile en el tribunal del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La plataforma central era tratar el juicio como una "equivocación política" de los tres jueces del tribunal. De hecho, tanto se ha visto a Correa en frecuentes visitas a Washington DC que se especulaba que era por ansiedad de ver a su amigo/cliente Insulza en la OEA.

La semana pasada, y días antes de que el tribunal les entregara a ambas partes (al gobierno y a Victor Pey/Joan Garces) la resolución que obliga –si, obliga- a Chile pagar una indemnización de 10 millones de dólares y los costos de abogados y juicio mismo que si es que no se paga en 90 días comienza a correr los intereses, el abogado basado en Washington DC, Paolo Di Rosa arribó en Santiago.

Di Rosa trabaja para uno de los bufetes más prominentes de WDC y cobra, por lo bajo, 700 dólares la hora. Es decir, desde que comienza a pensar en el caso, se lava los dientes y se sube al taxi que lo lleva al aeropuerto, empieza el taximetro para los chilenos. Claro, para eso lo contrataron.

De esta forma, Chile ya estaba armado con las armas más caras y exclusivas para enfrentar la resolución del tribunal.

El CIADI es una cuestión voluntaria a la cual se subscriben y someten los países para que haga la mediación si es que alguien -un inversionista por ejemplo- tiene un problema de mal trato. Usualmente, para siquiera acceder al tribunal mismo y comenzar un juicio, se necesita al menos 1 millón de dólares. Basicamente, el CIADI viene a imponer la defensa de la propiedad privada y de paso, asegurarle a las empresas que invierten en los países que pueden litigar en su tribunal ya que siginifica que hay una defensa de "trato justo" de su inversión.

Leyendo el dictamen de la CIADI, se nota que aquí hay gato escondido.

Además de señalar los pésimos modales del gobierno de turno chileno (el juicio comenzó por ahí en 1997), los millones que hay que pagarle a la CIADI están incurridas porque:

"la duración del presente procedimiento, y por consiguiente sus costas para todas las partes y para el CIADI, se han visto considerablemente aumentadas debido a la estrategia adoptada por CHILE que consistió, además de las excepciones habituales o "normales" a la competencia, en multiplicar objeciones e incidentes a veces incompatibles con las prácticas del arbitraje internacional".

En otras palabras, por movidas que no se estilan en el mundo legal internacional -como por ejemplo llorar que Pey no "quiso mantener consultas amistosas" con el gobierno de turno de la CONCERTA, questión que la CIADI dice ser:

"es superfluo entrar en esta discusión, ya que, en cualquier caso, visto el número y la naturaleza de las medidas tomadas contra el Sr. Pey y la ausencia de respuesta de la Presidencia y de otras autoridades chilenas a sus demandas, y habida cuenta de la política general del Gobierno chileno a este respecto (tanto antes como después de noviembre de 1997, fecha de presentación de la solicitud), el Sr. Pey y la Fundación Presidente Allende-España tenían todo el derecho a considerar que las consultas amistosas no tendrían ninguna posibilidad de éxito y que, sin duda alguna, estarían avocadas al fracaso"- el juicio salió más caro de lo que debería ser.

Chile declaró en una carta ("mal fechada" según CIADI) que ha gastado, en solo honorarios de abogados, lobbistas y viáticos, asujetense, US$4.389.111,56.

Vale decir, un poco más de medio millón de dólares al año. Y además, para que emitieran la resolución, Chile pagó US$ 2.062.115 (abril de 2008) a la CIADI, por sus costos de mantener el juicio más largo de su historia.

A esto se suma que Lagos y Ravinet (en ese entonces biministro de Vivienda y Bienes Nacionales) "idearon" en 2002 -ante las suspicacias de la DC y la Alianza de que estaban negociando con EL CLARIN y por ende, apoyando un medio posiblemente independiente- los decretos de forma flash que autorizaron pagar 10 millones de dólares a quienes Lagos reconocia como los otros dueños de El Clarín.

El mismo Ravinet opina –después de que sale el fallo de la CIADI- que él "no quería pagar nada" a nadie en 2002 pero que ahora sugiere que "más vale un mal arreglo que un buen juicio"…Mira tú.

Y para colmo, Lagos -siguiendo con la estrategia fijada por un tal Enrique Correa en 1990, de liquidar a los medios independientes- puso un abogado, Jorge Carey para liderar el caso. Carey hasta la fecha ha dicho que trabaja gratis…

Carey y Cia es uno de los bufetes más caros y exitosos en Santiago.

La instancia fiscal con la responsabilidad de 'llevar' (usamos el término ligeramente) el caso es el Comité de Inversiones Extranjeras de MINECON. En 2002, la relacionadora pública Karen Poniachik (y luego, una "excelente" ministra de minería…) estaba a cargo siendo que pololeaba con el guapetón Dittborn del diario THE CLINIC.

O sea, los chilenos hemos pagado -por lo menos- 6 millones de dólares a unos cuantos abogados y lobbistas para que viajen en business a Washington DC.

En total, serían 17 millones si se suma lo que se pagó en 2002. Y todo porque algunos de la CONCERTA no quieren ninguna prensa en Chile que no sea COPESA o El Mercurio.

Al parecer, los dos expertos, Correa y Di Rosa, han aconsejado a su cliente, la CONCERTA, de que pueden ganar nuevamente en la CIADI.

Con poca diplomacia Di Rosa dice que "incidió mucho en la decisión del tribunal el contexto tanto político e ideológico, como el hecho que llevaba 10 años en litigio y que los demandantes gastaron un dineral en el juicio, con lo cual el tribunal se sintió compelido a darles algo para resarcirlos."

Lo increible, dejando a un lado la previsble editorial de COPESA que alienta mediante su La Tercera a proseguir con anular el fallo, es que tanto Correa como Di Rosa tienen intereses encontrados.

Correa, por su asesoría a varios pre candidatos presidenciales y su modelo de 'matar' a la prensa independiente post-dictadura. Di Rosa, por que es presidente de la Cámara Chileno-Americana en EEUU. A ambos se les está pagando caro para dar consejos. Y éstos consejos (usamos nuevamente el término ligeramente) están manchados con intereses personales.

Para mandar a la policia (sin órdenes de allanamiento escritos) caprichosamente o fingir una real preocupación por los intereses de Chile, hay que creer que los chilenos (los que le pagan su sueldo) somos todos unos tontos y que aguantamos la pésima calidad de abogados.

Claro, todo se explica con el hecho que hace décadas que un gobierno dejó de estar firme junto al pueblo y comenzó a lucrar y lucrar…Para Correa, ha sido el negocio del siglo.

UPDATE: No podemos creeer que se nos perdió la siguiente entrevista. OMG! Está sabrosisima y con lujos de detalles.