Derechos Humanos Chilenos-El Caso Bachelet/FACH

Mientras el viaje flash del juez Cerda atraía todo el interés de los periodistas chilenos, en Washington DC, la Corte Inter Americana de DDHH veía el 'Caso 12500'.

El caso -mejor conocido como 'Caso Bachelet-FACH'- situaba a las camaradas del general Bachelet al otro lado opuesto a la de la hija del general Bachelet. Además, ponía al gobierno de Chile en la nómina de paises 'poco preocupados' por los DDHH que atentaba en contra de la inmaculada candidatura chilena al asiento de la Consejo de DDHH en la ONU.

Por todos lados, la ironía de la historia de hacía presente.

Tras meses de intentos, en septiembre de 2001, ex oficiales de la FACH presentaron, ante la venerable Corte Suprema de Chile, un "recurso de revisión" (que es una petición para revisar un caso y anularlo). Fundamentaron su petición en nuevas evidencias escandalosas; que las supuestas confesiones fueron hechas bajo tortura, que existía una aplicación retroactiva de la ley criminal y, que sus torturadores aparecieron en una 'asociación ilícita' llamada Operación Conjunto. Después del golpe militar, estos oficiales fueron detenidos, torturados y asesinados simultaneamente que sus propios pares los juzgaban por 'traición' y 'sedición a la patria', así, dejándolos como 'delincuentes' sin derecho a limpiar sus nombres.

Y como era de esperar, la petición fue denegada en septiembre y luego, en diciembre de 2002 porque la Corte Suprema se puso elegante y rechazó la petición por "razones formales", que no era más que aducir que no tenía juridicción sobre juicios emitidos en el Tribunal Militar durante 'tiempos de guerra' (ojo: entre 1973-1975).

Ante la pésima disposición de la Corte chilena, CODEPU y la FIDH (Federación Internacional por los DDHH en París) alegaron el caso de la FACH ante la Comisión Inter-Americana de DDHH en abril de 2003 por la simple razón que simplemente FUE NEGADO EL DERECHO A JUSTICIA, o ha ser escuchados por un tribunal chileno, dando cuenta de la responsabilidad estatal -ya que la Corte es un organo del Estado de Chile- en la violación de sus derechos.

En junio de 2003, la Comisión le pide al gobierno de Chile que se pronuncie en dos meses sobre el alegato.

Sobrepasándose un mes de la fecha límite, el gobierno de Lakes pide 30 días más para poder responder.

Se demoró un tanto la cosa y solo 17 (!) meses después (febrero de 2005) hay una nota del gobierno que pide que "la Comisión declare la petición inadimisible". Aunque Chile ratificó y aprobó por unanimidad la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el 21 de agosto de 1990) lo hicieron con la astuta excepción de que no se podían incluir "hechos cuyo principio de ejecución sea anterior al 11 de marzo de 1990". O sea, el caso sería inadimisble porque "se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación.

La Comisión -un poco más al tanto de los tratados ratificados por Chile en el ámbito de DDHH- acogió el caso en forma express en marzo de 2005 porque se había agotado "los recursos internos"...

Esta era más o menos la situación cuando las partes se sentaron en las oficinas de la OEA (donde opera la Corte cuando sesiona) este pasado 12 de octubre.

Mario Gonzalez habló en nombre de los 'peticionarios' o más bien, víctimas secundado por el abogado de CODEPU. En un tranquilo testimonio, Gonzalez no solo hizo un breve recuento sobre el abuso que padeció sino además, declaró que "la dictadura los acusó de traición solo por defender la constitución y las leyes" de Chile y que era "imposible" recuperar su honra ya que "un gobierno democrático deniega la justicia". Se preguntaba: "¿qué pasa con nosotros?" y "¿qué pasa con el pasado?", rindiendo homenaje a dos generales; Alberto Bachelet M. ("muerto") y Sergio Poblete, que no pudo asistir. Al final, expresó que "solamente queremos justicia y reparación".

El abogado de CODEPU fue más categórico: "No han podido limpiar sus nombres, siguen como delincuentes, criminales" sin derecho a su honra. Recalcó que "la verdad histórica no substituye la verdad jurídica" y que solo han sentido "portazos por la democracia chilena".

Sorpresivamente, la abogada de FIDH señaló que "ayer [11 de octubre] el gobierno nos comunicó de manera informal que estarían interesados en una solución amistosa y que los peticionarios también estarían de acuerdo pero debe incluir por lo mínimo la baja honorable de la institución militar, borrar los antecedentes criminales, un sitio de memoria sobre lo ocurrido y una reparación económica".

Llamó bastante la atención. Es que el hecho que la cancillería esperara hasta último momento para reconocer el caso mismo, dejaba bastante que desear.

Además, la respuesta del gobierno chileno -mediante el abogado de MINREL- fue curiosa. Primero, el abogado afirmó que "efectivamente hemos tenido un contacto preeliminar el día de ayer [11 de octubre]". Y luego, manifestó "una muestra solidaria" con el testimonio de Gonzalez "que nos llena de emoción" de algo "que ocurre en el pasado, un pasado que nos convoca permanentemente".
Después, citó a la presidenta Bachelet -y entre medio apelando al hecho que había 'perdido su padre'- diciendo que "es un tema doloroso para la sociedad chilena" y que "nos planteamos la idea de futuro" que no era más que "reconocer los esfuerzos de los gobiernos democráticos, quizás no con la velocidad o con la fuerza que hubiesemos querido" pero que también es la evolución del "poder judicial de cómo ha ido incorporando paulatinamente lo que son los tratados de DDHH". Recalcó que "no podía opinar sobre ningún caso en particular porque no nos corresponde" pero hay hechos concretos...No había duda de que apuntaba hacía el Caso Riggs, of course.

El abogado de la cancillería insistió en la voluntad de Chile de "buscar una solución amistosa" sin ofrecer más que "reunirse en Santiago" en "un plazo breve" con los abogados de los peticionistas y de las ramas correspondientes. En tono sorprendido señaló que le era "muy relevante saber sobre la situación y las particularidades de cada caso".

Finalizó con que la constante búsqueda "del dialogo constructivo" por parte de los gobiernos democráticos de Chile, es un hecho que avala "que el Estado de Chile quiere que su orden jurídico entero tenga como finalidad principal una adecuación a lo que son los estándares internacionales de DDHH" y que por eso, "Chile puede aspirar al Consejo de DDHH de la ONU".

Ante esto, la Comisión pidió que las partes la mantuviera informada sobre el caso y se levantó la sesión.

Sin embargo, el asesor jurídico del Ministero de Defensa de Chile interrumpió y quiso entregar "antecedentes de hechos concretos de la FACH, de toda la familia militar que es la misma en el pasado, presente y futuro tal como lo ha solicitado la Comandancia de la FACH".

Asimismo, el abogado de la CODEPU aprovechó de también entregar "antecedentes de los últimos estudios y sentencias sobre los centros de tortura en Chile".

El único 'peticionista' presente no lucía muy convencido. Y las Curvas, tampoco.

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DATOS:
Los 12 de la FACH: (1) Omar Humberto Maldonado Vargas; (2) Alvaro Yañez del Villar; (3) Mario Antonio Cornejo Barahona; (4) Belarmino Constanzo Merino; (5) Manuel Osvaldo López Ovanedel; (6) Ernesto Augusto Galaz Guzmán; (7) Mario González Rifo; (8) Jaime Donoso Parra; (9) Alberto Salustio Bustamante Rojas; (10) Gustavo Raúl Lastra Saavedra; (11) Víctor Hugo Adriazola Meza; and (12) Ivar Onoldo Rojas Ravanal.