COLUMNA: Sobredosis de observación electoral (el caso de Nicaragua)

Desde que los gobiernos en las Américas arman elecciones para resolver todos los asuntos pendientes, se ha creado variados escenarios políticos que figuran un tanto incontrolables. El tamaño entusiasmo por ejecer la democracia mediante los votos, inquieta bastante y algunos analistas proclaman la inminente ‘inflación democrática’ en la región.

Al desmantelar -parcialmente- el aparato dictaturial de los paises, la construcción de la institucionalidad democrática se acompañaba con la observación externa de los procesos electorales. Tomando en cuenta que tal evaluación pública de los procesos repercute siempre en la validez y la legitimidad internacional de los resultados electorales, se requiere de todo tipo de conocimientos y experiencias que van mucho más allá de ‘ver cómo se sufraga’.

Por eso mismo, la observación electoral es un tema sumamente delicado. Basicamente, se intenta evaluar el nivel de transparencia que existe en todo el proceso -desde el registro civil hasta el despligue mediático- manteniendo una imparcialidad absoluta que le asegura al país en cuestión, que de ninguna forma se entrometerá en los asuntos internos. De tal forma, se basan en el principio de la no intervención, en un principio de imparcialidad e independencia. O sea, es un tema técnico aunque su resumen final, puede ser utilizado politicamente.

Desde luego, la nación que desea invitar a una observación electoral pondera tanto la calidad y la ecuanimidad de las organizaciones que ofrecen el servicio.

Dentro de un gran repertorio de instituciones, hay organismos multilaterales del cual el país es miembro (p.ej. la OEA) o respeta como contraparte política (la Unión Europea). También operan organizaciones que agrupan juristas expertos de renombrada calidad como Consejos de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), con miembros de las diferentes cortes electorales en la región, la Unión Interamericana de Organismos electorales (UNIORE) que reúne a los paises centroamericanos y suramericanos, y el Centro de Asistencia y Promoción Electoral (CAPEL), un programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA.

Igual, ser ‘observador’ incluye el pasaje, viáticos y otras cositas bien agradables. Usualmente, se trata que no sean ciudadanos del mismo país que ‘observen objetivamente’ las elecciones y los fondos provienen de fuentes extranjeras.

En la Carta Democrática Interamericana, los artículos 23-25 establecen el alcance de las Misiones de Observación Electoral de la OEA. Si bien “los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos” en ejercicio de su soberanía, podrán “solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.”

O sea, solo si el país lo solicita y firma un convenio con la OEA que “determine el alcance y la cobertura de la misión”, la OEA podrá despachar a sus observadores que deben actuar en “conformidad con los principios y normas de la OEA”. La OEA se compromete “asegurar la eficacia e independencia de estas misiones [que] se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.”

Luego, el secretario general -en este caso Insulza- presenta un informe sobre sus actividades al Consejo Permanente (que agrupa a los embajadores de todos los paises) e indica si acaso “no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas”.

No todos los paises estiman que necesitan una observación electoral. Algunos ya cuentan con una tradición ‘cívica’ y una institucionalidad sólida que los avala de antemano. Tanto Chile como Brasil en 2006, recibieron las felicitaciones del Consejo Permanente de la OEA por su “proceso electoral democrático, transparente y legal”. Eso, sin contar con observadores electorales de la OEA misma. O sea, la OEA emitió una opinión al respecto.

En las reñidas elecciones presidenciales de 2006 en México, la OEA estaba invitada junto a decenas de otros organismos, para acompañar el proceso electoral. Debido al alto costo de enviar a cientos de observadores a ese país y la falta de recursos, la OEA optó por presenciar solo el recuento final a través de su entonces directora del departamento Elizabeth Spehar. Ya es conocido el desenlace de esas elecciones, que tuvieron desde un presidente paralelo en la figura de AMLO hasta votos encontrados en los vertederos de la Ciudad de México. Ante la declaración del Tribunal Electoral de México, de que ganaba Calderón, se enviaron las felicitaciones correspondientes, por parte del Consejo Permanente de la OEA.

Sin embargo, al parecer Nicaragua no tendrá ese placer.

Aunque una misión de la OEA avaló el proceso que llevó al presidente Ortega a la presidencia en enero del 2007, con casi 200 observadores (la mayoría estadounidenses) y que los resultados de la actual elección municipal del 9 de noviembre hayan arrojado casi el mismo equilibrio de poder que en 2004, el gobierno del saliente presidente Bush no esperó al Consejo Electoral Supremo de Nicaragua para alegar que

“si bien los resultados oficiales aún no están disponibles, notamos que se ha reportado sobre irregularidades extendidas…y la decisión de Nicaragua de no acreditar observadores electorales creibles ha dificultado aquilatar correctamente el proceso mismo. También notamos que las condiciones políticas durante la campaña no conducían a unas elecciones libres y justas. Recordamos el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana”.

Asimismo, el embajador de EEUU en Nicaragua condicionaba el apoyo de su país, de unos 40 millones de dólares anuales y proablemente otros 175 millones de dólares de aquí a 2010, con resultados “transparentes”.

Todo esto mientras la oposición nicaraguense (que ganó decenas de municipales) reclamaba fraude, indicando “votos encontrados en un vertedero” y la falta de observadores internacionales creíbles, y llamaba a salir a las calles.

A pocas horas de la advertencia de EEUU y de forma excepcional, el Secretario General de la OEA reconoce en un comunicado oficial que “el proceso de recuento aún [está] en marcha” pero como “no habiendo sido invitada a observar estos comicios, la OEA no está en condiciones de emitir opinión sobre ellos”. Insulza señala que todas las partes debe superar “esta situación, cuyo agravamiento implicaría un serio retroceso para el proceso democrático”, insistiendo en que es necesario “que sean los criterios incluidos en la Carta Democrática Interamericana los que guíen el camino de la solución a esta controversia seria”.

En un comienzo, Nicaragua mantuvo la cordura y recalcaba que 200 observadores de UNIORE y CEELA observaron sus elecciones sin encontrar fraude alguno y que optaron por estas organizaciones porque preferían su larga experiencia y profesionalismo probado por sobre el actual departamento de la OEA.

No obstante, las declaraciones del secretario general, sin esperar una resolución del Consejo Permanente, produjo una gran confusión entre los paises miembros de la OEA.

Significaba que cualquier pais que en el futuro no invitaba a la OEA estaba sujeto a una confesión pública e inaudita, por parte del jefe administrativo de la organización.

Intentando de apaliar posibles arranques de autoridad, Nicaragua llamó a un Consejo Permamente de la OEA para el 20 de noviembre y exigir explicaciones al secretario general de la organización.

Existe una competencia no-declarada entre todos los organismos que ofrecen la observación electoral. Quizás por eso mismo, la OEA ultimamente ha expandido su mercado al ofrecer sus servicios para las primarias de partidos políticos, como sucedió en Paraguay y luego, ocurrirá en Honduras. En una de esas, hasta la Concertación y la Alianza podrían aprovechar y pedir una cotización.