A Carlos Martin, con experiencia agropecuaria más que de cualquier otra cosa (debido a su tierna edad y lazos familiares) lo han instalado (consecuencia de la esperable ineptitud del gerente de turno en el palacio presidencial) en el Ministerio de Seguridad Pública. Un ministerio hechizo -desde luego- porque resulta difícil encontrar alguien que pueda definir cuál sería su diferencia con el otro ministerio, antiguamente llamado ‘del Interior’.
El Carlos Martin Arrau estaba feliz gerentando el Ministerio de Obras Públicas (duró dos meses) con su enorme caja de fondos fiscales y potestad en relación con todo tipo de infraestructura (incluyendo embalses), y satisfaciendo su obsesión con un proyecto estatal en particular (el proyecto Embalse Punilla rebautizado Nueva Punilla que afectaría a la comuna de San Fabián de Alico incluyendo -of course- desalojos e inundación respectiva porque, por ahí, Arrau tiene mucho fundo que necesita asegurar el riego). Asi todo, su traslado llamaba, levemente, la atención.
En un afán rupestre, Carlos Martin montó una campaña en 2015 (“Por una buena reforma de aguas”) para proteger el agua chilena privatizada que estaba en sus manos y de su familia ante la escuálida propuesta de reforma al Código de Aguas del Gobierno de Bachelet. Tal noble activismo, lo llevó a instalarse como consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (2017) y logró ser el primer intendente de la nueva Región de Ñuble, cargo que ocupó hasta noviembre de 2020. Preocupado por lo propio, pasó a ser convencional constituyente (distrito 19) en la primera tanda de 'intento' de escritura constitucional y un fervoroso jefe de campaña de los candidatos republicanos para la segunda tanda constitucional, en 2023. Obviamente, se convirtió en jefe de campaña del actual presidente de Chile que tiene -dicho sea de paso- a La Moneda convertida en boliche variopinta siendo la solución habitacional gratuita de la actual gerencia, con shows religiosos exclusivos cuatro días a la semana y una señora piadosa haciendo, cuando hay cámaras presentes, de servidora del casino. Como Arrau cambió de bando interno (era UDI) de forma poco decorosa, esmera en contarle a la prensa, que a Kast recién lo conoció en la elección presidencial de 2021.
Desde luego, no hay que confundir este Arrau con el otro, de renombre internacional, el eximio pianista que andaba con los nazis en su propio centro operacional y, más importante, con chilenos aún más nazis enquistados en sus roles de funcionarios públicos de la venerable Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tampoco es el otro-otro Arrau (Ramon Junior), que bajo el primer gobierno del Santo del Lago Ralco, con entusiasmo juvenil se hizo cargo de la División de Fomento de INDAP dependiente del Ministerio de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962 para “promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos”. O sea, una caja de recursos que mantenía a un sin numero de intenciones, de primos de diferentes grados sanguinos con contratos para supervisar traspasos de fondos fiscales a emprendimientos privados.
Simultáneamente, el padre del Ramon Junior, el Ramon Senior Arrau, era el coordinador de la mafia de venta de pechugas de pollos que, oportunamente, sostenía contratos con el INDAP. El jefe mismísimo del INDAP, agrario y rural, fue el aristocrático emplumado Ricardo Ariztia (si, de los pollos) entre 2010-2013.
En Chile, y desde 1998, la carne de aves es la preferida por los consumidores nacionales. Supera 34 kilos por persona lo cual equivale -a mínimo- un pollo entero a la semana. O sea, la carne de los pobres.
Entre las diferentes combinaciones de colusión que han expuesto en el país en las últimas décadas, la de los pollos es quizás igual de elegante como la colusión de papel higénico, exhibiendo la intensidad con la cual un pequeño grupo chileno siempre mantienen la vara del imagen país, en alto.
Tampones, pañales y pollos. Nada se les escapa.
Según la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que apareció a la luz pública por ahí en 2010, con allanamientos en 2011 y cerrando en 2014 mediante imputaciones y exigencia de unos 100 millones de dólares en multas, la creatividad fue más bien tosca: tres empresas (o, digamos, sus dueños) se pusieron de acuerdo en cuanto a precio y producción lo cual, evidentemente, “controló” a la alza el precio de venta a los supermercados y consumidores. Todo basado en informes de proyecciones igualmente básicas. No tenía más dificultad que esa.
Por otro lado, supimos (2010) que desde la misma funcionalidad del Estado (INDAP), se manejaban contratos suculentos con los empresarios gallineros o “cartel más grande que el sistema haya intentado desbaratar” según el boss del FNE en ese entonces, Felipe Irarrázaval Philippi.
Como mencionamos, el Ramon Senior Arrau estaba en el caso primero (ese que mantenía los precios artificialmente altos ya que era -nada menos- su coordinador) y el hijo, Ramon Junior Arrau, en la INDAP.
Recordemos que en el momento que “irrumpe” el asunto de la colusión de pollos, Chile padecía el mando del Santo Reo del Banco de Talca emprendiendo su PRETENCIOSA 'Reconstrucción de Chile' tras el terremoto de 2010.
A cargo del “seguimiento” de la fastuosa reconstrucción en “la coordinación” de “asesores” del Ministerio de Agricultura estaba NUESTRO Carlos Martin Arrau (2010-2012).
Sabemos que una reconstrucción necesita de muchos pero muchos asesores y menos palas y cemento, pero no sabemos muy bien (porque no queda claro) qué hacia Carlos Martin Arrau en esa pega. No queda rastro mas que el sueldo cobrado, harto viaje y un santo matrimonio con Luzma Izquierdo Irarrázaval (Septiembre, 2011).
Nadie se puede sorprender con el hecho que Ramon Junior y Carlos Martin son primos de SEGUNDO grado.
O que los informes (utilizados por el Cartel de los pollos) fueron tipeados por el mismísimo y actual Ministro de Hacienda, Jorge “mano de guagua” Quiroz.
El TDLC multó (2015) a las tres empresas avícolas y ordenó disolver a la APA (la coordinación del Cartel) cosa que la Corte Suprema ratificó con multas de US$23,3 millones para Agrosuper y Ariztía, y de US$9,3 millones a Don Pollo. La mitad de lo que pedía la Fiscalía. Rima.
Simultáneamente, Quiroz y su socio Patricio Arrau Pons tuvieron que aguantar el dictamen de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en otro caso, supuestamente, y NO relacionado con los pollos.
Una década antes del asunto de los patas de pollos, una ministra en visita mandó a Quiroz y otros tantos, a pernoctar unas cuantas noches (dos) en la cárcel más digna de Chile (Capuchinos) para luego absolverlos por “no saber qué hacían”.
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se utilizó la Coordinación General de Concesiones del MOP para abultar artificialmente los contratos con consultoras privadas (contratadas por montos que no obligaban a llamar a licitación) y luego, desviar los fondos a una empresa de papel llamada GATE S.A (Gestión Ambiental y Territorial) para distribuirla (en fajos de dinero en efectivo) entre funcionarios del ministerio y actores políticos.
Una suerte de peaje.
Las triangulaciones (con dineros públicos por trabajos inexistentes) servían para pagar sobresueldos a empleados fiscales y significaron pérdidas para el Estado por 1.253 millones de pesos.
La Corte de Apelaciones encontró rarísima la repentina absolución de la ministra en visita porque era imposible que -por ejemplo, Quiroz y Arrau Pons, ambos con doctorados en Economía en EEUU- no supieran que cobrar 36 millones (fiscales) por un estudio de riego (MOP era la ente mandante) y luego, devolver 12 millones a una empresa (Gate S.A) era a todas luces un fraude al Fisco.
O mejor dicho:
“Cualquier persona con una mediana inteligencia entiende que abultar el precio de un trabajo, justificándolo con una boleta de un tercero y entregando ese importe al girador de esa boleta por un trabajo inexistente y todo ello para asegurar que se adjudique en su favor una consultoría, representa un fraude para quien paga y encarga el trabajo.” (Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2014).
Quizás fue por eso que a Quiroz lo pillaron manejando EBRIO en Zapallar, en Diciembre de 2014. La condena dice lo siguiente: "un fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar". Claramente, Quiroz hecho bolsa aunque tenia la claridad suficiente para negarse a la toma de muestra de sangre cuando lo llevaron al Hospital de La Ligua. La Fiscalía solicitó para Quiroz una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, la suspensión de su licencia de conducir por dos años, una multa de cinco UTM y la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena.
La condena fue menor porque Quiroz pagó una multa de 2 UTM (nada) y se suspendió su licencia por dos años.
En el caso MOP-Gate, Quiroz y Arrau Pons eran defendidos por Gabriel Zaliasnik y prontamente los Santos en la Corte Suprema revocaron la condena de 2014 (La Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, 2016).
La ministra en visita en el caso MOP-Gate, es la actual jefaza de la Corte suprema, Gloria Ana Chevesich. Patricio Arrau Pons fue recientemente nombrado por Kast, Presidente de la Casa de Moneda de Chile S.A.
Hace poco, un joven pero apresurado conductor (era el Dia del Padre) decidió hacer un fast and furious en la concesión del MOP (Costanera Norte), superando los 260km/hora en su flamante vehículo, velocidad que hasta para los Carabineros de Chile en Vitacura resultó ser desvergonzada y en consecuencia, fue detenido.
El escándalo aumentó cuando se supo que el conductor, con poca preocupación por la seguridad del prójimo, es primo de PRIMER grado de la señora del ministro Carlos Martin Arrau ya que la jueza a cargo lo soltó, quedando con firma mensual y arraigo nacional.
Los dardos apuntaban a un posible telefonazo de Carlos Martin, cuestión que el ministro negó, llegando a desmentir que tuviera "relación de amistad ni cercanía". Era de entender que el primo no era usuario de asados chez Carlos Martin lo cual no quita la cercanía familiar sanguina o un telefonazo.
El negado primo conductor se llama José Izquierdo Reyes, hijo de DIEGO IZQUIERDO MENÉNDEZ, muy conocido por participar -junto a su hermano- en el asesinato a sangre fría de un militar (General Schneider) en 1970 usando, vistosos vehículos para concretar la inicial encerrona para luego, depositar más de 8 balines.
Jamás cumplieron la condena. Primero, porque se arrancaron y escondieron, y luego, en 1978, Pinochet decidió amnistiarlos lo cual dio amplias posibilidades para que pudieran poner el precio (ellos mismos) a la privatización de ENTEL pagando -obviamente- con créditos del mismo Estado.
La familia Izquierdo Menendez y su prole, sigue con una buena porción de ENTEL, cosa que facilita la compra de autos raudos. Y pollos. Y agua.
El chiste del pollo es antiguo y simple:
“Por qué cruzó el pollo la carretera?
-Porque pudo.
















